parallax background


Nuestros Servicios

Tenemos soluciones de todo tipo por desalojos

¿Es legal contratar una empresa de desokupación?

Muchos propietarios tienen dudas al respecto. La respuesta es sí, es completamente legal. Nuestro contrato de intermediación está diseñado para proteger al 100 % al propietario, incluyendo cláusulas que nos eximen de cualquier responsabilidad ante movimientos que pudieran considerarse ilegales o delictivos.

¿Cómo actuamos?

Una pregunta frecuente es: ¿Qué hará la empresa una vez contratada? Aquí va un secreto: si alguien os dice “montaremos un control de acceso para que, cuando salgan, no puedan volver a entrar”, desconfiad. Esa estrategia no solo es ilegal, sino que demuestra desconocimiento o una intención dudosa.

No se puede instalar un control de acceso en una vivienda ocupada con personas dentro. Si salen y un vigilante les impide volver a entrar, esa situación solo se mantiene hasta que llegan las fuerzas de seguridad. Además, pone en riesgo legal al vigilante jurado, ya que no está autorizado para realizar ese tipo de intervención.

Entonces… ¿cuál es nuestra metodología?

Cada caso es único. Por eso, seguimos estos pasos:

  1. Recopilamos información detallada del inmueble y de los ocupantes.

  2. Estudiamos el caso para detectar puntos débiles y oportunidades legales.

  3. Diseñamos una estrategia personalizada para fomentar la salida voluntaria, sin vulnerar la ley.

  4. Generamos informes legales que pueden revelar delitos penales y permitir actuaciones inmediatas.

En algunos casos, llegamos a un punto en el que no se puede avanzar más por vía extrajudicial. En ese momento, informamos al propietario sin rodeos y recomendamos iniciar una vía jurídica. Buscamos todos los medios para convertir el caso en una denuncia penal, lo que permite una resolución más rápida y con sanciones más severas.

DE PRINCIPIO A FIN, SIEMPRE A TU LADO NUNCA SENTIRAS SOLO

 Expertos en Catalunya, reconocidos en seguridad y desalojos 

 Somos especialistas en la zona de Catalunya y ampliamente conocidos en el mundo de la vigilancia, la seguridad y los desalojos. Acompañamos todo el proceso: nos quedamos contigo, explicamos cada paso con total claridad y formalizamos nuestra intervención mediante un contrato de intermediación. Actuamos con absoluta confidencialidad, asumimos toda la responsabilidad de nuestros actos y garantizamos una solución 100% efectiva. Tú quedas completamente cubierto a nivel jurídico, sin sorpresas y con total transparencia.

¿Cuándo una ocupación ilegal pasa de ser un asunto civil a convertirse en delito penal?

En España, no toda ocupación de una vivienda se considera automáticamente un delito penal. Existen matices legales que determinan si se trata de un conflicto civil —como el impago de alquiler por parte de un inquilino— o si estamos ante un delito tipificado en el Código Penal.

Uno de los conceptos clave en esta distinción es el llamado “dolo claro”. Este término jurídico hace referencia a la intención evidente de cometer un acto ilícito. En el contexto de la ocupación, si se demuestra que la persona ha accedido a una vivienda sin consentimiento, con conocimiento de que no tiene derecho a hacerlo, y sin ningún vínculo contractual, se puede considerar un delito de usurpación de inmueble (artículo 245 del Código Penal).

¿Qué casos no se consideran delito penal?

No se puede aplicar el Código Penal cuando se trata de un inquilino moroso que:

  • Tiene un contrato de arrendamiento vigente.

  • Dispone de suministros básicos (agua, luz, gas) contratados legalmente.

  • Ocupa la vivienda con consentimiento inicial del propietario.

En estos casos, el procedimiento debe seguir la vía civil, mediante una demanda de desahucio por impago.

¿Y cuándo sí se puede denunciar penalmente?

En la mayoría de los casos de ocupación sin título legal, especialmente cuando no existe ningún contrato ni consentimiento previo, sí se puede interponer una denuncia penal. Sin embargo, por falta de conocimiento, muchas personas no ejercen este derecho, lo que retrasa la recuperación del inmueble y complica el proceso judicial.